Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 19 de octubre de 2023 última revisión
En las elecciones para Cortes Legislativas de febrero de 1936 se produjo el triunfo del Frente Popular a nivel nacional. En cambio en la provincia de Teruel, incluido Híjar, ganaron las candidaturas de derechas. Nada más verificado el triunfo de las izquierdas fueron nombrados en las distintas provincias nuevos Gobernadores Civiles. Estos destituyeron los Ayuntamientos de derechas y nombraron a otros más acordes con la línea política del Frente Popular. El nuevo Gobernador Civil de Teruel, Diego Martínez Moreno, de Izquierda Republicana, destituyó al Ayuntamiento de derechas de Híjar, a petición de las fuerzas sindicales obreras de la localidad. El acto del Gobernador Civil no tiene justificación jurídico-política, ya que el Ayuntamiento destituido había salido de unas elecciones democráticas, verificadas en abril de 1933. Los historiadores no han valorado este acto de destituir unos Ayuntamientos legítimos, y el nombramiento arbitrario de otros por presiones de las fuerzas políticas del Frente Popular. Es un acto revolucionario.
El 5 de Marzo se celebró una sesión extraordinaria para el cambio de Ayuntamiento, siguiendo las ordenes del Gobernador Civil de Teruel. Este día fueron destituidos los siguientes concejales: Agustín Sorribas Gan, el alcalde; Gregorio Marquesán Albalate, Juan Esponera Esponera, Antonio Meseguer Gan, Mariano Lahoz Mallor, José Sanz Gómez, José Mª Pastor Turón y Manuel López Gracia. Sólo permanecieron Manuel Mallor Pina, Roque Galve Conte y Luis Lázaro Aínsa. Los destituidos representaban las clases caciquiles, controladoras de la vida municipal desde tiempos antiguos, sobre todo nombres como Esponera y Sorribas. Fueron nombrados en su lugar José Galvez Oliver, agricultor, sin constar como contribuyente de rústica y 8,52 pesetas de urbana; José Gómez Turón, agricultor, ínfimo propietario c. de rústica con 11,19 pesetas y 38 de urbana; Miguel Gálvez Oliver, jornalero y tratante de caballerías, no aparece como contribuyente, divorciado con una hija y viviendo en casa de su madre, al no tener casa propia; Manuel Gracia Ara y Miguel Gracia Ara, eran hijos de Manuel Gracia Turón, antiguo concejal en el Ayuntamiento de 1931 a 1933, los dos aparecen en el Padrón de 1935 como agricultores y no constan como contribuyentes, aunque el padre era un pequeño propietario con 148,73 pesetas de rústica y 60 de urbana; Luis Alloza Sesé, soguero y sin ningún tipo de contribución, soltero y viviendo con su madre en una auténtica cueva en el Plano; José Ferrer Loren, agricultor, pequeño propietario, c. con 68,86 pesetas de rústica y 80 de urbana; Manuel Montañés Lasala, jornalero y sin pago de contribución y en la vacante natural, por fallecimiento de Juan Manuel Gómez Almudí, fue nombrado por último José Mª Robres Gómez, agricultor e ínfimo propietario y jornalero, no aparece como contribuyente(1).
Llegaron al Ayuntamiento los sectores de la clase obrera o pequeños e ínfimos propietarios de la localidad. Los nombres más destacados fueron José Gálvez Oliver, alcalde; José Gómez Turón, 1º Teniente-Alcalde; y el concejal Luis Alloza Sesé. Fundamentalmente de ellos voy a escribir unas líneas.
José Gálvez Oliver, de FNTT-UGT, se había presentado en las elecciones municipales de abril de 1933 por los radical-socialistas. Siendo concejal de abril de 1931 a comienzos de 1933, llevo a cabo una crítica muy fuerte al Ayuntamiento de derechas. Sirvan, como ejemplo, su petición de poner los nombres de García Hernández y Fermín Galán a algunas calles de la localidad y que fue rechazada en el Pleno del 23 de Agosto de 1931. A su vez José Gálvez Oliver criticó al concejal, gran propietario, Juan Esponera Esponera, por no cumplir la "Ley de Términos Municipales", que obligaba a contratar en primer lugar a los parados de la localidad antes de a los forasteros, en fecha de 13 de Enero de 1933. De la misma manera Oliver se enfrentó muy duramente, en el Pleno del 30 de Marzo de 1932, con varios concejales por exigir unos salarios más altos para los obreros contratados por el Ayuntamiento para trabajar en la limpia del Pinar. Por último, el 13 de Diciembre de 1932 presentó una solicitud en el Pleno para requerir del Estado la cesión de la décima establecida sobre la contribución para socorro de los obreros parados y que constase en acta que. hasta la fecha, no han sido hallados en el Archivo Municipal ni en la Secretaría los antecedentes relativos a la Desamortización de los bienes de propios de esta Villa, habiéndolo pedido el 21 de Noviembre de 1932.
Son varios botones de muestra del espíritu reivindicativo y de profunda sensibilidad social de José Gálvez Oliver. Todas sus peticiones fueron rechazadas.
José Gómez Turón, de UGT, y del partido radical-socialista, permaneció en la localidad, a pesar del golpe militar de julio del 36. Fue varias veces Alcalde-Presidente en los distintos Consejos Municipales, durante el tiempo que Híjar estuvo bajo el control del Gobierno de la República, de fines de Julio del 36 al 13 de Marzo del 38, fecha en que fue conquistada por el bando rebelde y posteriormente fusilado.
El otro personaje importante que llego al Ayuntamiento en Marzo del 36 fue Luis Alloza Sesé, afiliado a la CNT. Sobre él en la prensa republicana de tiempos de la Guerra Civil tenemos noticias:
" Quien conociese la vida social de este pueblo antes del 16 de Febrero, podría convencerse que las ideas del progreso que la República debía como lógico llevar consigo, no echaron raíces en el espíritu de los hijaranos.
Es cierto que había unos cuantos hombres de sentimiento liberal y muy pocos de sentimiento libertario. Con decir que sólo había un suscriptor del periódico " Solidaridad Obrera ", está dicho todo. Este compañero, Luis Alloza, cuando venía buena, convocaba a sus amigos para leérsela y el acto tenía apariencia de complot; la Guardia Civil velaba por la seguridad pública y los que leían aquel papel, eran enemigos del orden y de los caciques a quien servían. Cuando se producía alguna huelga en Zaragoza o Teruel, o se comentaba el descontento de los trabajadores, mejor dicho, esclavos de los azucareros, ya estaba el bueno de Alloza en la cárcel y hay que conocerlo para saber de su bondad (2)".
El cambio de Ayuntamiento y nombramiento de los distintos cargos se llevo a cabo en el Pleno del 5 de Marzo de 1936, no sin tensiones, ya que el Ayuntamiento vigente se resistía a ser destituido. No obstante salieron carrozas por el pueblo, para celebrar la llegada de las izquierdas al Ayuntamiento, y el " Capellán ", cantó la siguiente jota, dentro de este ambiente festivo, aunque sólo para un sector del pueblo:
" La calle mayor de Híjar,
vestida de luto está,
no quieren la República,
y el comunismo vendrá. "
El día 6 de marzo celebraron un Pleno Extrordinario en el que entre otras decisiones, aprobaron dar cuenta telegráficamente al Ministro de la Gobernación y al Sr. Gobernador Civil de Teruel, de la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento e indagar en la Oficina de Telégrafos de esta Villa, si hubo contestación al telegrama oficial puesto por el Alcalde suspendido a las 4 de la tarde de ayer al Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia y en caso de haberlo que inmediatamente lo presenten en este Ayuntamiento.
Notificaron al Comandante del Puesto de la Guardia Civil de esta Villa la constitución del nuevo Ayuntamiento. El concejal Miguel Gracia Ara presentó un escrito muy interesante:
" Este Ayuntamiento en acto de tomar posesión hace constar su más enérgica protesta por no habérsele dado posesión a las dos de la tarde del 5 de Marzo de 1936, hora que se le dio conocimiento al Señor Secretario del Ayuntamiento de Híjar, haciéndole saber que a esa hora iríamos a su oficina para que se nos diera posesión del Ayuntamiento de Híjar. El Sr. Secretario se presentó en su oficina puntualmente y le entregamos el oficio del Señor Gobernador, en el cual se destituía en el acto y se tenía que dar posesión inmediatamente a los que presentaban sus credenciales, porque entendían que un Ayuntamiento destituido no tenía autoridad. El Sr. Secretario se lo hizo saber inmediatamente al Alcalde y presentó el oficio en el cual quedaba destituido, entre un público respetable presente, y a que al nuevo Ayuntamiento se le diera posesión. El Alcalde se negó rotundamente, pretextando que él no había recibido ninguna orden del Señor Gobernador. El hoy Alcalde de este Ayuntamiento de Híjar insistió por segunda vez, recibiendo la misma negativa. El referido José había hecho saber el oficio y demás credenciales al Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Híjar, porque esperaba resistencia del Alcalde destituido. El Alcalde José aconsejó al público se retirasen con orden que todo se arreglaría. Al tener conocimiento Manuel Gracia Turón, padre del proclamado hoy concejal, Miguel Gracia Ara, se personaron estos dos en la Secretaría del Ayuntamiento de Híjar, requiriendo al Sr. Secretario para que se le diera posesión en el acto, al nuevo Ayuntamiento, esto era a las cinco y media de la tarde. Como estos encontraran alguna dificultad de momento, este Manuel recabó del Señor Secretario que se avisara al Comandante del Puesto de la Guardia Civil para que presenciara el acto, haciendo saber al mismo Secretario que estaban dispuestos bajo su responsabilidad a hacerse cargo los proclamados de los cargos del Ayuntamiento de Híjar. Este llamó al Alcalde destituido, que se apresuró a presentarse, diciendo que había puesto un telegrama al Señor Gobernador y no había tenido contestación. Volviéndole a requerirle, al fin se accedió a que tomasen posesión los nuevos concejales. Esto se hizo en presencia del Comandante del Puesto de Híjar y otro guardia. Este Ayuntamiento pregunta qué autoridad tiene un Alcalde destituido y porqué desde las dos de la tarde del cinco, que se presenta el oficio de destitución, estuvo el pueblo de Híjar sin Ayuntamiento hasta las siete, que tomó posesión el actual, en lo cual consta".
El cambio de Ayuntamiento no fue fácil, ni muchísimo menos, al tener que estar presente la Guardia Civil, para que se cumpliese la legalidad.
La llegada al Ayuntamiento de estos nuevos concejales supone un cambio radical en el panorama político de Híjar. Una de las primeras decisiones será que las sesiones ordinarias del Ayuntamiento se celebrasen los sábados a las ocho de la noche(3). En el Ayuntamiento anterior se celebraban los lunes a las diez de la mañana. Si ahora deciden celebrarlas el sábado por la noche, es porque así podían asistir sin faltar al trabajo. Por primera vez en la historia de Híjar tienen el poder municipal unos sectores marginados hasta entonces. Son concejales la mayoría socialistas, cuando no anarquistas, como Alloza Sesé. Obviamente va a suponer un viraje en la manera de entender la política. Es el momento clave en el que dirigen el Ayuntamiento auténticos republicanos. Es el 14 de abril de Híjar. Veremos cuáles son sus auténticas preocupaciones en los distintos ámbitos por sus decisiones hasta que fueron desalojados por el golpe militar de julio de 1936.
Primeramente trataron de reafirmar su defensa del régimen republicano. Los cuadros que existían en el Salón de Sesiones fueron recogidos por los familiares de las personas retratadas en los mismos(4). Este detalle tiene su importancia. Debemos recordar que durante el período de la Comisión Gestora, de enero a mayo de 1933, el concejal socialista José Loren Tena había intentado sin éxito quitar estos retratos por su pasado monárquico. A su vez propusieron que el Escudo de Aragón, que figuraba en la parte superior del testero presidencial del Salón de Sesiones del Ayuntamiento, se pusiera a la derecha del cuadro de la fotografía del Excmo. Señor Presidente de la República(5). A propuesta del concejal Sr. Gracia se acordó adquirir para el Salón de sesiones del Ayuntamiento una alegoría de la República que tuviera de dimensiones un metro en cuadro por lo menos(6). Estas decisiones demuestran su inquebrantable sentimiento republicano. Si llevaron a cabo estos actos simbólicos, es porque los creerían necesarios, sobre todo en Híjar, ya que siempre se había mostrado monárquica.
Otro aspecto muy interesante es su incuestionable adhesión al programa del Frente Popular. Podemos constatarlo por el ruego que hicieron al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación para que aplazase las elecciones municipales hasta que se cumpliese el manifiesto y pacto del Bloque Popular de izquierdas republicanas(7). Ruego que fue tenido en cuenta ya que posteriormente recibieron un telegrama del Gobernador Civil, anunciando oficialmente la suspensión de las elecciones municipales convocadas(8).
A nivel político observamos también su apoyo de los regímenes autónomicos. A una carta de la Alcaldía de Alcañiz, en la que se invitaba a la Corporación al acto por el Estatuto aragonés, que se iba a celebrar en dicha ciudad el día 31 de mayo, respondieron afirmativamente y acordaron enviar una Comisión, formada por el 2º Teniente -Alcalde, Miguel Gálvez Oliver, el concejal Luis Lázaro Ainsa, junto con el Secretario del Ayuntamiento, Félix Tellez(9).
Durante la II República se trató de encauzar las aspiraciones autonómicas de determinadas regiones españolas, como Cataluña, País Vasco. En Aragón hasta el 36 no cuajó en un Proyecto de Estatuto de Caspe, porque no existían aspiraciones autonómicas, como en otras regiones, ni tampoco las distintas formaciones políticas supieron fomentarlas. En mayo, en la ciudad de Caspe se celebró un Congreso donde se aprobaron las Bases del futuro Estatuto, en el que tuvo gran protagonismo Gaspar Torrente. En este contexto cabe situar la carta del Ayuntamiento de Alcañiz, invitando al de Híjar.
Trataron muy pronto de clarificar las cuentas municipales. Acordaron, inmediatamente tras la toma de posesión, conceder un plazo de nueve días para que todos los acreedores del Ayuntamiento presentasen las cuentas que tuvieran pendientes de cobro, y una vez que se les hicieran efectivas, debían declarar bajo su firma que quedaban completamente liquidadas(10). A su vez solicitaron un delegado de Hacienda para que verificase el arqueo municipal(11).
Creyeron conveniente llevar a cabo una revisión del sistema impositivo municipal. Para ello decidieron que una Comisión integrada por el Sr. Alcalde, José Gálvez Oliver, el 1º Teniente-Alcalde, José Gómez Turón y el Secretario llevase a cabo un examen de las evaluaciones del impuesto de utilidades efectuadas por las Comisiones de la Junta General de Reparto para el año actual(12). Esto era algo sangrante y vergonzoso. Quienes determinaban el impuesto de utilidades, al constituir la Junta General, eran los mayores contribuyentes, que para el año fiscal de 1934 eran los siguientes:
Vocales natos en la parte real del Repartimiento del último año.
Justina Esponera- mayor contribuyente por rústica.
Justo Mosso Laborda- mayor contribuyente en concepto de urbana.
Mariano Dosset Vallespí- mayor contribuyente por rústica, no domiciliado en esta Villa.
Ricardo Galve Moreno- mayor contribuyente en concepto de industrial.
Santos Loren Ferrer- como representante del Sindicato Agrícola Católico.
Vocales para la parte personal:
Carmen Mosso Albacar, mayor contribuyente por rústica.
Joaquín Gimeno Gálvez, mayor contribuyente por urbana.
Pedro José Sancho Virache, mayor contribuyente por industrial(13).
El secretario dio cuenta a la Corporación de las gestiones practicadas por la Comisión encargada de revisar las evaluaciones practicadas por la Junta de Reparto del año actual, y de la instancia, que, en vista de las anomalías observadas, dirigida a la Junta para que hiciera una nueva evalución que estuviera más en armonía con la justicia y las disponibilidades económicas de los contribuyentes(14). Pretenden llevar a cabo, cambios en el sistema impositivo municipal, una reforma fiscal, en el sentido de rebaja de impuestos, principio que iba dentro del programa del Frente Popular.
Vista la comunicación de la Junta General de Repartimiento de utilidades para el año l936, acordaron transmitir a dicha Junta que el Ayuntamiento no estaría conforme con la estimación de utilidades que se practicase, mientras no recargasen el liquido imponible por rústica en la proporción de 100 por 100 en lo consignado por este concepto en el reparto de 1935, disminuyeran un 50% a las utilidades asignadas por caballerías y aperos de labor, dejando exentas a las caballerías de más de 20 años y no se pusiera al obrero campesino mayor cuota que la de 5 pesetas anuales(15). Era algo justo y ético.
En la misma linea de reforma fiscal cabe entender el que intentaran crear 2 arbitrios sobre balcones y toldos salientes en las fachadas de los edificios, y sobre los postes y palomillas, que volaban sobre la vía pública, con el fin de que con su producto poder aminorar el importe del reparto general de utilidades. Acordaron consultar previamente a la Delegación de Hacienda sobre la procedencia y posibilidad de hacer las respectivas ordenanzas, fuera de la fecha de aprobación del Presupuesto y en vista de la finalidad que se perseguía(16).
En marzo la Delegación de Hacienda de Teruel les contestó negativamente, argumentando que no se podían establecer nuevos impuestos hasta que no se formase el nuevo Presupuesto para el año 1937(17). Desde Teruel se paró en parte este intento de reforme fiscal.
Teniendo en cuenta la constitución del nuevo Ayuntamiento, la manera de abordar esta problemática social va a ser muy diferente con las actuaciones de las Corporaciones municipales del tiempo de la II República, que la han precedido, como veremos a continuación.
. Van a desarrollar su actuación municipal dentro de la ideología representada por el Frente Popular, ya que gracias a él habían tomado las riendas del poder municipal. Va a ser un Ayuntamiento que va abordar la problemática socio-económica de una manera valiente y muy reivindicativa.
El rescate de los bienes comunales era uno de los puntos del programa agrario del Frente Popular, y que ya en el Ayuntamiento de 1931 a 1933, José Gálvez Oliver, socialista había planteado; y el también socialista José Loren Tena, lo había hecho, cuando era concejal de la Comisión Gestora de 1933. En el Ayuntamiento de 1933 a 1936, se trató el tema a petición de algunos vecinos, no porque surgiera de iniciativa de los concejales. Tema bastante vidrioso y oscuro, y que levantaba ampollas nada mentarlo, entre las clases terratenientes. Se trataba de recuperar los terrenos municipales, de aprovechamiento común, que habían sido usurpados por particulares y que podían servir para satisfacer en parte la escasez de tierras de una parte importante de la clase agrícola de Híjar; jornaleros o pequeños agricultores.
Ahora con el nuevo Ayuntamiento y teniendo en cuenta su ideología parece lógico que decidieran solicitar al Estado el rescate de los bienes comunales(18). Era fundamental para conseguir este objetivo la refundición de los Libros de Catastro, para poder cumplimentar la futura Ley de rescate de bienes comunales y poder delimitar con precisión los terrenos comunales de los que eran propiedad particular, y efectivamente en base a ello lo solicitó el Secretario(19). El 26 de junio de 1936, el ministro de Agricultura, Ruiz de Funes, presentó al Parlamento un proyecto de ley para devolver a los municipios las tierras comunales que les habían sido expropiadas a partir de la desamortización de 1855.
Por otro lado en estos momentos se estaban produciendo roturaciones arbitrarias en Híjar, y que se desestimaron por el Ayuntamiento 66 expediendentes de legitimación(20). Decidieron asimismo que, teniendo en cuenta que la mayoría de los propietarios de fincas rústicas de este término municipal cultivaban como campos mayor extensión de terreno que lo que aparecía en el catastro y que las porciones acrecentadas en las fincas procedían de terrenos comunales, el Ayuntamiento acordaba señalar a cada uno de los propietarios de fincas rústicas un 15% de la cantidad de terreno con que aparecían en el amillaramiento, como ocupado arbitrariamente, excepción hecha de aquellos propietarios que, positivamente se sabía que habían ocupado mayor cantidad de terreno comunal y que por dicho terreno tomado del patrimonio municipal abonasen la cantidad que les correspondiera con arreglo a las tarifas, anteriormente mencionadas en concepto de canón de ocupación y disfrute de dichas funciones del terreno comunal. Con ello pretendían aclarar de una vez por todas cuáles eran las auténticas propiedades municipales(21).
Aprobaron también que los vecinos que disfrutaban de sardas del Ayuntamiento, que no pagasen contribución alguna, abonaran 50 céntimos por junta: si pagaban hasta 50 pesetas de contribución, que abonaran 1 peseta por junta; los que pagasen de 50 hasta 100 abonaran 1,50 pesetas por junta; los que satisfacieran de 100 hasta 150 pesetas abonarían 2 pesetas por junta; los que pagasen de 150 a 200 pesetas abonarrían 5 pesetas, y todo el que pagase más de 200 pesetas abonarían 10 pesetas por junta(22). Estas disposiciones destacan por un sentido de la justicia ejemplar.
Debían pagar más por el disfrute de las sardas, los que más contribución pagasen.Y por ultimo trataron de recabar más ingresos para las arcas municipales, con lo cual podrían rebajar la presión fiscal, el impuesto de utilidades.
La necesidad de tierra era clara en Híjar porque en estos momentos se estaban produciendo también invasiones de fincas particulares, como la de la dehesa de Esponera(23). Probablemente por ello el Ayuntamiento recibió del Gobernador Civil la orden de impedir la invasión de fincas privadas(24).
El concejal Alloza propuso que se investigara si " La Cultía ", una de las fincas más importantes del término municipal de Híjar, estaba bien o mal cultivada, por parte de la Comisión de Rústica. Se acordó pedir permiso para visitarla. Se adhirieron a dicha Comisión el alcalde, José Gálvez Oliver y Luis Alloza(25). ésta propuesta parecía obedecer a un Decreto del Ministerio de Economía de 7 de mayo de 1931, sobre laboreo forzoso, abolido en el bienio rectificador, y puesto nuevamente en vigor con el triunfo del Frente Popular. Se dictó para evitar que los propietarios saboteasen el programa agrario del gobierno dejando sin cultivar las tierras, éste les amenazó con ceder sus tierras a las organizaciones obreras locales si no continuaban cultivándolas de acuerdo con los "usos y costumbres " de cada región. Alloza pretendía ocupar para los obreros esta gran finca, al creer que estaba mal cultivada. Obviamente era una medida de carácter revolucionario.
El Ayuntamiento determinó que se cumpliera toda la legislación laborall en el campo. Por ello a propuesta del concejal Luis Alloza, se acordó comunicar al Ministro de Agricultura que se estableciesen los Jurados Mixtos de Agricultura y de Trabajo Rural en la provincia de Teruel por comarcales, con residencia en Alcañiz. El 7 de Mayo de 1931, el Gobierno Provisional de la República, siendo Ministro de Trabajo Largo Caballero, aprobó la Ley de Jurados Mixtos de Trabajo Rural, cuya función principal era la de supervisar el cumplimiento de la legislación laboral de la República y crear los medios institucionales para contratar colectivamente. Todas las disputas laborales rurales de importancia debían someterse a la decisión de estos Jurados Mixtos, compuestos de igual número de representantes de la clase obrera y la patronal. Durante el Gobierno radical-cedista los Jurados Mixtos del campo dejaron en la práctica de existir. Es el período del gran desquite de los patronos agrarios, del ! Comed República !, de no dar trabajo o darlo con salarios de hambre, de destituir Ayuntamientos socialistas y cerrar locales obreros, suprimiendo el turno para el trabajo y seleccionando los patronos a los trabajadores a su capricho. Con estos antecedentes no es de extrañar que Alloza solicitase la restitución de los Jurados Mixtos(26).
Otro punto muy importante fue la jornada laboral de 8 horas en el campo, mediante un Decreto de Largo Caballero, de 1 de julio de 1931. Ahora con un Ayuntamiento del Frente Popular pretende llevarlo a la práctica. En consecuencia se aprobó publicar un bando para que lo supiese el vecindario que a partir del 7 de abril, se perseguiría inexorablemente al que tuviera obreros que trabajasen más de las 8 horas marcadas por ley, a los que no cumplieran con lo dispuesto sobre el descanso dominical y sobre los permisos anuales, y que los patronos agrícolas acudieran por los obreros que necesitaran a la Bolsa de Trabajo(27).
Solicitaron al Gobernador el traslado de la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento al domicilio de la Sociedad de Pequeños Propietarios, Colonos y Obreros de Híjar(28). El trasladar la Bolsa de Trabajo a la sede de la FNTT, cabe considerarlo como un mejor control sindical a la hora de la contratación de los parados inscritos, ya que hasta entoncés estaba en el Ayuntamiento.
Esta sociedad había sido fundada en 1922 y se afilió a la UGT-FNTT a la llegada de la República y su primera actuación revolucionaria fue el roturar una gran dehesa que, dedicada a pastos exclusivamente, por su propietario, el gran cacique Esponera, saboteaba la República y el pan de numerosas familias, que cultivándola hubieran encontrado su sustento. Varias veces la Guardia Civil intentó desalojar de su trabajo a los labradores, pero éstos con gesto gallardo se mantuvieron firmes y ni amenazas ni denuncias les amedrentaron y continuaron en el tajo(29).
Comprobamos la gran sensibilidad social del Ayuntamiento, en consonancia con su ideología de izquierdas, por toda una serie de acuerdos que tomaron para ayudar a los necesitados. Decidieron socorrer a los pobres con la cantidad de 50 céntimos a cada uno y a las madres, que lleven hijos pequeños, con la cantidad de 1 peseta y socorrer a los pobre transeuntes con la cantidad de 5º céntimos a cada uno, y alas madres que llevasen hijos pequeños con la cantidad de 1 peseta, cuyos socorros se denegarían a los reincidentes en solicitarlo, dentro de los ocho días siguientes a aquel en que se les hubiera otorgado.(30).
A propuesta de José Gómez Turón, se incluyeron en el Padrón de Beneficencia a 7 nuevos vecinos(31).
Determinaron como complemento a las pensiones de lactancia, concedidas por la Diputación Provincial, la cantidad necesaria hasta completar con lo concedido por la Diputación 50 pesetas(32).
Gestionaron de los panaderos la rebaja de 5 céntimos en el precio del kilo de pan y que lo vendan al peso y en caso de no llegar a un acuerdo, lo pondrían en conocimiento de Gobernador. La medida habla por sí misma, a la hora de ver a quienes beneficiaba(33).
Mostraron un gran inetrés por la defensa de la agricultura, en el tema de cuestión azucarera. En este sentido dirigieron una comunicación al Sr. Director de la Fabrica de azúcar de la Puebla de Híjar, preguntando por qué no se habían firmado los contratos de cultivo de remolacha antes del del día 15 de Enero, conforme lo determinaba la Ley, y qué autoridad había ordenado el nombramiento de un representante del Ayuntamiento para formar parte de la Comisión local remolachera(34).
Nombraron como representante del Ayuntamiento en la Comisión local remolachera creada al concejal Manuel Gracia Ara(35). A este Ayuntamiento le interesó, como al anterior, la cuestión azucarera. El problema azucarero estaba generado por la superproducción. A nivel nacional la producción remolachera, y por tanto azucarera, aumentó en gran manera durante los años 20, al extenderse el regadío, mientras el consumo de azúcar aumentaba en menor medida. Así, mientras la producción azucarera española pasaba de 159.000 Tm. en 1922-23 a 289.500 en 1930-31 ( incremento del 81,6 % ), el consumo de azúcar respectivamente era de 192.300 y 273.000 Tm. ( incremento del 42%). Las cosechas de 1931 y 1934 fueron muy buenas, con el consiguiente problema de superproducción. A nivel regional la remolacha tenía mucha importancia, pues, había 12 azucareras, entre ellas la de la Puebla de Híjar. El enfrentamiento se produjo entre los monopolios azucareros. La Sociedad General Azucarera amenazó en 1934 y 1935 con cerrar las Azucareras de Casetas y La Puebla de Híjar, frente a los remolacheros aragoneses agrupados en la " Unión de remolacheros de Aragón ". En noviembre de 1935 el Gobierno finalmente estableció la Ley de Ordenación del Sector, pero fue a costa de una reducción del precio por tonelada, así como de la producción. Esta cuestión era vital para la economía del Bajo Aragón, tanto para los agricultores de regadío, como para los obreros que trabajaban en la Azucarera de la Puebla, alrededor de 450 y de ellos una parte importante de Híjar(36).
También demostraron su sensibilidad por la defensa de la cuestión del agua. Ante una convocatoria promovida por el Partido Republicano Aragonés para celebrar una Asamblea en Zaragoza el día 23 de junio, con el fin de derogar el Decreto publicado el día 14 del actual, que cercena las atribuciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro a favor de la Generalitat de Cataluña, se decidió, ante su importancia, nombrar una Comisión para que asistiera, compuesta por el Alcalde, el concejal José Ferrer y el Secretario. Remitieron la convocatoria al Sindicato Agrícola, católico y de derechas, de esta Villa, por si creían conveniente su asistencia(37).
Este asunto levantó muchas suspicacias en Aragón, y un partido el Republicano Aragonés, patrocinado por profesionales zaragozanos vinculados en su mayoría en años anteriores al radical-socialismo, se convirtió en el porta-estandarte para luchar contra este proyecto, recabando el apoyo de los Ayuntamientos aragoneses.
En la linea de la ideología de un Ayuntamiento del Frente Popular, a nivel religioso tomó una serie de decisiones, que pretendían llevar a la practica la existencia de un Estado laico, de plena separación de lo civil y lo religioso; tal como estaba en determinados artículos de la Constitución de 1931. El artículo 3º señalaba que el Estado español no tenía religión oficial.
Muy pronto exigieron al Cura Párroco de la Villa que presentase la llave, que tenía del cementerio municipal y exigirle responsabilidades por tenerla sin tener derecho(38). Esta petición estaba en coherencia con la Constitución al señalar que los cementerios estarían sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. Pretendían hacer cumplir la legalidad, aunque podía considerarse que había también connotaciones de anticlericalismo muy extendidas, por otra parte, entre la mayoría de los sectores obreros y determinada burguesía española. Esto era así porque la Iglesia española no había podido ganarse a amplios sectores de la clase obrera española y ésta se había precipitado, desamparada, a los brazos de los sindicatos de la UGT y la CNT. Y en estos momentos tampoco lo iba a conseguir. La Iglesia española estuvo en contra de la República y por tanto en contra de amplios sectores de la clase obrera, al no poder aceptar disposiciones como, el divorcio, matrimonio civil, Estado laico, perdida del casi monopolio de la enseñanza, etc., disposiciones aprobadas en el bienio social-azañista y ya plenamente aceptadas en países como Francia, Inglaterra y Alemania, desde hacía tiempo.
Decidieron averiguar la propiedad de la Capilla de la Virgen de Arcos, para una vez conocida, proceder a su arreglo por el estado ruinoso en que había quedado a consecuencia de una chispa eléctrica que hacía poco tiempo había descaragado(39). Debieron considerarse propietarios de la Capilla, ya que acordaron proceder a quitar el peligro que ofrecía(40).
A propuesta de Alloza, determinaron medir el corral construido en terreno comunal en el Cabezo de Santa Barbara y exigir el pago de 25 céntimos por metro cuadrado como se exige a todos los vecinos; averiguar las condiciones en que se cedió el Cabezo del Pino para la construcción de la Ermita del Carmen, y elevar una consulta al Gobernador Civil de la provincia respecto al régimen a seguir respecto de las Capillas que figuran en el registro fiscal de edificios, a nombre de este Ayuntamiento(41).
Todas estas peticiones de Alloza, aún reconociendo su dosis de anticlericalismo, no hacía otra cosa que cumplir lo estipulado por la Constitución, en el artículo 26, al señalar claramente la imposibilidad para el Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, el mantener, favorecer y auxiliar económicamente a las Iglesias. Parece lógico que la Iglesia católica no tuviera ningún privilegio, y que adquiriese los terrenos en las mismas condiciones que el resto de los vecinos. De todas las maneras, en 1936, y en Híjar pedir lo que pidió Alloza, debió parecer un auténtico sacrilegio.
Aprobaron solicitar al Sr. Gobernador Civil permiso para que pudiesen salir las procesiones de Semana Santa y tocasen los tambores. De la misma manera autorizaron a los establecimientos públicos que permanecieran abiertos las noches de Jueves y Viernes Santo(42). Esta solicitud puede parecer extraña pero no era sino lo estrictamente legal. La Constitución de 1931, en su artículo 27, exigía que las manifestaciones públicas de culto debían ser autorizadas, en cada caso, por el Gobierno.
Unos días más tarde se dio lectura por Secretaría del telegrama del Excmo. Sr. Gobernador Civil autorizando el toque de tambores que tradicionalmente se acostumbraba a hacer(43). Según Mariano Laborda dice que salieron a tocar sin túnicas y procesiones. Continua diciéndonos que al no poder salir las imágenes, un grupo de jóvenes asaltaron el Domingo de Ramos la ermita del Calvario y procesionaron el paso de la " Entrada de Jesús en Jerusalén ", en el pueblo conocido como " La Burrica ", hasta la iglesia parroquial. El Gobernador Civil requirió su presencia en Teruel a Francisco López Turón, Manuel Pueyo Fernández y Salvador del Río, a quienes acompañó el párroco Juan Yoldi, siendo multados con 100 pesetas(44).
Sobre las vicisitudes de la Semana Santa de 1936, un vecino de Híjar me ha comunicado que el alcalde José Gálvez Oliver le mandó encarcelar por participar en una procesión. Además añade que a él le tocó pagar la china por ir el primero tocando el bombo, y que el alcalde quería conducirlo a la cárcel por la carretera en lugar de por la calle Mayor, a lo que se negó. La conducción a la cárcel se verificó por la calle Mayor(45).
Se decidió conceder al Voz-Pública (pregonero) la cantidad de 150 pesetas anuales, en sustitución de los ingresos que obtenía por publicación de los entierros, con el voto en contra de los concejales Mallor, Galvé y Lázaro, los que permanecían del Ayuntamiento anterior. Su negativa la explicaron en base a que este ingreso no se hubiera solicitado, si la Alcaldía no hubiera prohibido los pregones de los entierros(46). Aquí vemos otro rasgo de secularización de la vida pública. Los entierros los debía autorizar el Alcalde.
La cuestión fundamental a nivel educativo que se les planteó, fue la sustitución de la enseñanza religiosa. Secundaron la política del Gobierno del Frente Popular, como hemos visto en repetidas ocasiones.
Comunicaron a la Inspección de 1ª Enseñanza de Teruel la situación escolar de la Villa(47). Este asunto estaba relacionado con la Ley de Congregaciones de 1933, que impedía ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas, había sido derogada en el bienio rectificador y con el triunfo del Frente Popular se ponía en vigor.
Como sabemos en nuestro pueblo la enseñanza la ejercían las monjas y si ahora no podían hacerlo se planteaba un problema de difícil solución. La Administración del Estado no podía disponer, a pesar de sus indiscutibles esfuerzos, ni de las aulas ni del personal capacitado para suplir los centros escolares regentados por la Iglesia. La cuestión era aún más dolorosa, si se tiene en cuenta que en estos años en España, incluido nuestro pueblo, el porcentaje de analfabetismo era del 40%. El intentar apartar a la Iglesia de la enseñanza era para evitar su influencia, como transmisora de valores conservadores a nivel político. También la Ley dejaba entrever una carga clara de anticlericalismo por parte del gobierno social-azañista, inspirador de ella.
Ante un telegrama de la Inspección provincial de 1ª Enseñanza de Teruel, se acordó por unanimidad contestar que, dadas las difíciles circunstancias por las que atravesaba el Ayuntamiento, no podían contribuir para la sustitución de la enseñanza religiosa con más cantidad que la de 2.000 pesetas(48).
Leyeron un telegrama recibido por el Alcalde del Gobernador, referente al estado del orden público producido por la actitud y reclamaciones del propietario y concejal, recientemente destituido, Juan Esponera Esponera. El texto no aclara nada, sobre si era, porque Esponera estaba preocupado por la situación del orden público de la localidad o era él quien lo alteraba (49).
Por último merece la pena destacar el que acordaran sustituir, a propuesta de Alloza, al agente del Ayuntamiento en Teruel, Enrique Albalate Sorribas, hermano del que fue alcalde de Híjar entre junio de 1931 a abril de 1933, Agustín Albalate Sorribas. El agente sustituido formó parte, como magistrado de la " Comisión Provincial de Incautaciones " de Teruel, a partir del 26 de Enero de 1937, cuya misión era embargar las pertenencias de cada elemento, entidad o agrupación considerados desafectos al Movimiento Nacional. Le suplió como agente defensor de los intereses del Municipio en la capital de provincia, José Bayona Peinado, en estos momentos, 1º Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Teruel, nombrado por el Gobernador Civil el 2 de marzo de 1936, tras las elecciones del Frente Popular, aunque ya lo era en el Ayuntamiento anterior. Merece la pena reseñar que, a la susodicha sustitución, sólo se opusieron los 3 concejales, Roque Galve, Manuel Mallor y Luis Lázaro, que permanecían del Ayuntamiento anterior y no habían sido sustituidos por el Gobernador Civil en el mes de marzo del año actual(50).
Así llegamos al 18 de julio. Este día trataron asuntos de puro trámite, como si no fueran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Se aprobó publicar un bando para que se inscribieran los ancianos para el Homenaje de la Vejez y que el técnico Pascual Tropel averiguase el coste de arreglar los instrumentos de música. Estos fueron los temas tratados, totalmente desconectados de la auténtica problemática. No firmaron ningún miembro de la Corporación. El Pleno se celebró a las 19 horas y asistieron 8 miembros. Sonaban tambores de guerra. Este día era la víspera del patrono del pueblo, San Braulio y ya no se realizo el baile programado para la fiesta.
El día 19 de Julio con la llegada de 2 camiones de falangistas de Zaragoza Híjar se decantaba por los rebeldes y el apoyo de la Guardia Civil y demás gente de derechas. Por ello el día 21 de Julio se constituyó el nuevo Ayuntamiento, bajo la presidencia de la autoridad militar, el Sargento Juan Mas Salva. Entraron de nuevo los destituidos por el Gobernador en marzo del actual, siendo Alcalde Agustín Sorribas Gan. Una vez constituido el Ayuntamiento el Alcalde dirigió una breve alocución y saludo al pueblo, haciendo constar la admiración que todos los espíritus de orden tienen hacia nuestro heroico ejército, Guardia Civil y Juventudes fascistas, que con tanto entusiasmo y valor luchan por el resurgimiento de España, a cuyo saludo contestó el pueblo con las más efusivas aclamaciones. A continuación el concejal Juan Esponera intervino para hacer constar la satisfacción del pueblo por la actuación de la Guardia Civil y rendir tributo al Guardia Civil herido en la actuación del día de hoy y asistido en esta villa.
El día 29 de Julio fue recuperado Híjar por las columnas de milicianos, que llegaban desde Barcelona. Pero esto es otra historia.
R E Y E S D E A R A G O N |
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CASA DE NAVARRA |
CASA DE BARCELONA |
RAMA DE CASTILLA |
UNION DE CASTILLA Y ARAGON | |
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1516 | Juana I y Carlos I |
1555 | Carlos I (solo) |
1556 | Felipe I (II de Castilla) |
1598 | Felipe II (III de Castilla) |
1621 | Felipe III (IV de Castilla) |
1665 | Carlos II |
1700 | Felipe IV, (V de Castilla) |
1701 a 1713 | Carlos, Archiduque de Austria |
1724 | Luis I. |
1724 | Felipe IV, (por segunda vez) |
1746 | Fernando III, (VI de Castilla) |
1759 | Carlos III. |
1788 | Carlos IV. |
1808 | Fernando IV, (VII de Castilla) |
1808 | Isabel I, (II de Castilla) |
Moneda de Juan II
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